POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Desde las alturas de los partidos políticos no se ha calibrado el alcance de la hecatombe y sus principales dirigentes lucen tranquilos a la espera, por experiencias pasadas, que agendas mediáticas como fuego de artificio provoquen la magia del olvido o el desplazamiento en la jerarquización noticiosa de la judicialización de la narcopolítica.
Vertidas algunas lágrimas e hipócritas golpes de pecho, acusaciones “al otro”, pero evidente actitud de intentar pasar la página con abultadas agendas, denuncias estrambóticas y profundización de la campaña electoral del lejano 2024.
Afortunadamente este ministerio público no se maneja en función de los tiempos políticos de la partidocracia nacional y persigue a sospechosos sin importar litorales políticos ni posiciones en el Estado, en el caso más escandaloso por las cantidades de drogas negociada (2 mil 500 kilos semanales), bienes incautados (más de 50 mil millones de pesos), personas apresadas (más de 20 y contando). Al menos un funcionario del gobierno y tres diputados, con una investigación abierta que se rumorea podría abarcar a otros congresistas, incluidos senadores.
Los pronunciamientos partidarios han sido mera piezas retóricas para el registro de sus posturas públicas, sin señales o acciones contundentes. Sí, conozco sobre presunción de inocencia y he hablado y escrito mucho al respecto, pero no nos hagamos los inocentes que “en los pueblos todo el mundo se conoce”.
Hay personajes bajo toda sospecha para no decir con conocimiento colectivo, a quienes se les entregaron candidaturas porque las podían financiar y de paso, “ayudar” al partido.
Aunque no existiese la posibilidad de más encartados partidarios (que se da por seguro), las respuestas de las cúpulas debieron ser de más hondo calado.
Los dirigentes de los principales partidos políticos, sobre quienes recaen las mayores sospechas, debieron instruir la aprobación, dentro o fuera del diálogo ante el Consejo Económico Social, de la ley de extinción de dominio.
También acordar la disminución y estricta regulación del financiamiento electoral “con dientes”, y fortalecer funciones del fiscal especializado en la materia y agravar las consecuencias penales.
Además, como sugieren juristas como Carlos Salcedo, iniciativas que coloquen a los partidos como sujetos obligados, cuyos incumplimientos fiscalizadores les hagan pasibles de sanciones civiles, penales y administrativas.
Empero, los que se perciben son poses, como si la Operación Falcón, fuera un operativo más, sin posibilidad de herir de muerte el sistema de partidos en el país.
Algunos litorales partidarios, en conversaciones de pasillos han querido acudir al argumento de que se intenta la destrucción del sistema de partido desde la sociedad civil, queriendo ignorar que la depuración seria podría ser la única salvación para evitar caer en crisis como las de países vecinos.
El daño ha venido desde dentro por ambiciones y complicidades, y la actitud correcta es cortar por lo sano y no inventar excusas.
El sambenito de “narcoestado” nos persigue y de aposentarse en la visión de inversionistas extranjeros podría provocarnos daños profundos.
Los partidos están constitucionalizados y como principales actores del sistema democrático están obligados a su preservación y evitar las irresponsables excusas.
Por aquí merodeaban la semana pasada algunos legisladores norteamericanos, que elogiaron fortalezas de la democracia dominicana y fiscalizaban agentes regionales de la DEA que colaboran con la DNCD en la lucha antinarcótica, lo que evidenciaría interés por los hechos que se registran en República Dominicana, país muy presente en las disputas geopolíticas imperiales.
Los dirigentes de los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en la preservación democrática. No es tiempo de escaramuzas ni excusas baratas.
No hay espacio para la corrupción y la impunidad. Un día había que empezar. ¿Qué más debe pasar?
